Las autoridades de Estados Unidos adiestró, a una unidad de la policía mexicana con un historial problemático, incluso después de que funcionarios del gobierno estadounidense, miembros de la sociedad civil de México y una destacada política mexicana señalaran a esa fuerza de violaciones de derechos humanos.
En enero, varios integrantes de la misma fueron acusados de la masacre de 19 personas cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.
El 22 de enero, las autoridades descubrieron los 19 cuerpos, baleados y luego calcinados, los cuales quedaron irreconocibles en una camioneta pickup quemada en el municipio de Camargo, cerca de la frontera con Texas. Las autoridades han logrado confirmar las identidades de 16 de las víctimas por medio de análisis de ADN; 14 de ellas eran migrantes guatemaltecos que viajaban hacia Estados Unidos, las otras dos tenían nacionalidad mexicana.
El 8 de febrero, la Fiscalía General de Tamaulipas anunció que había evidencia suficiente contra 12 agentes del grupo de operaciones especiales de Tamaulipas (GOPES) para llevarlos a juicio por la masacre.
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